Luego de seis meses de piquetes diarios frente a la escuela y de que el Campamento de la Dignidad ha estado funcionando pacíficamente como mecanismo de protesta ante la injusticia que viven los maestros suspendidos de Utuado, hoy la Directora decide utilizar su vehículo para romper la línea de protesta de los maestros.
Esto resulta un acto de violencia y provocación. Los maestros en resistencia pacífica, con sus cuerpos dignificaron su lucha, y se opusieron a ser acallados frente a los portones, no dejando que un acuerdo de que los vehículos que debían utilizar otra entrada rompieran lo único que les queda: un área para protestar frente al plantel escolar y frente a sus alumnos.
Esta estrategia persigue que la Federación quede sin argumentos legales para sostener su reclamo del derecho a la libre expresión, y, por lo tanto, a la huelga, que se ventila en el tribunal federal en Puerto Rico.
El argumento del Departamento es que el derecho a la libre expresión llega hasta donde esa expresión significa o está acompañada de un acto ilegal. El Departamento sostiene que aprobar un voto de huelga, crear un fondo de huelga, recaudar para ese fondo, y ahora, realizar piquetes, y que estos den la apariencia de ser violentos, son todos limitantes de ese derecho a la libre expresión que se reclama, por ser violatorios de una ley injusta (Ley 45), pero vigente.
Por lo tanto, provocar actos de violencia, crear la apariencia que los maestros generan actos de violencia, persigue debilitar la posición de la Federación en el tribunal federal.
Además, esta estrategia persigue demostrar en un tribunal local que los maestros han sido violentos en los actos previos a una huelga y solicitar auxilio de ese foro para que emita un interdicto de prohibición de la huelga, para reforzar lo que ya la Ley 45 prohíbe, en violación del derecho a la libre expresión, que es de un rango superior a dicha ley. Este auxilio que permite una Ley local solo es posible solicitarlo si se prueba que la unión o sindicato a participado en actos violentos.
La Directora y Aragunde le hacen un flaco servicio a nuestra educación provocando violencia para ganar argumentos legales que están huecos y sin fundamentos. La responsabilidad que les toca la tendrán que asumir, y no podrán contra los estudiantes, familiares y el pueblo que defiende a los maestros. Hoy son 17 maestros suspendidos, mañana serán miles los maestros reivindicados a fuerza de lucha.
La Directora y el Secretario deben saber que el pueblo no olvida a sus maestros, los atesora, los respeta y les quiere. Estos maestros tienen dignidad y la fuerza moral para enfrentar cualquier afrenta con resistencia.